La sanidad animal en la Argentina es un enorme capital construido con el esfuerzo de todos: los productores, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y las entidades del sector.
Se trata de un sistema solidario que ha funcionado muy bien durante muchos años y que permitió sostener estándares sanitarios reconocidos en el mundo.
Por eso preocupa que hoy se lo ponga en riesgo con una medida tomada de manera inconsulta.
Los productores queremos bajar costos, claro que sí. Pero ese no es el camino. Desde hace tiempo venimos planteando que aquellos entes donde los costos están desfasados debían ser controlados y ordenados. Ese control no se hizo.
Controlar el precio de la vacuna y de su aplicación, y actuar donde las cosas no se hacen bien, es una obligación del Estado. Pero eso no se resuelve debilitando un sistema sanitario que ha demostrado que funciona.
Con la medida tomada la semana pasada se restringe el poder de contralor por parte del Senasa, en caso de una emergencia los entes ya no tendrán la misma capacidad de generar anillos y contenerla.
El SENASA publicó en el Boletín Oficial la semana pasada la Resolución SENASA 201/2026 quel, actualiza el régimen de participación del ejercicio profesional en las campañas sanitarias contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina y autoriza la prestación individual de estos servicios a partir del 1 de enero del 2027.
El problema radica en el control efectivo de la aplicación de la vacuna, que ha sido lo que lograron los entes sanitarios bajo la articulación público-privada.
El verdadero camino es fortalecer el sistema sanitario argentino. Vivimos en un mundo cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad, y así sostener y ampliar los mercados de la ganadería argentina.