La Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) volverá a ser administrada por las autoridades elegidas por los trabajadores luego de que el juez federal Sebastián Casanello ordenara la inmediata restitución de su directorio, poniendo fin a una intervención que se extendió durante 15 meses y que, según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), estuvo marcada por graves irregularidades.
La resolución judicial revierte la decisión adoptada en octubre de 2024 por el juez federal Villena -actualmente bajo investigación por presunto prevaricato- quien había desplazado al directorio legítimo de la obra social. Esa medida fue cuestionada en su momento por los fiscales, que plantearon la recusación del magistrado por parcialidad e incompetencia territorial.
Durante el período de intervención, el interventor Marcelo Petroni, designado por decreto del presidente Javier Milei, fue denunciado en reiteradas oportunidades por la Uatre. Entre las principales irregularidades señaladas se destacan la duplicación de la estructura administrativa, con la designación de dirigentes sin experiencia en el sistema de salud y derrotados en elecciones internas, y la priorización de pagos por servicios sin prestaciones efectivas.
Según el gremio, estas decisiones derivaron en una fuerte reducción del gasto en prestaciones médicas, lo que provocó interrupciones en la provisión de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo, con consecuencias graves para miles de afiliados. La Uatre afirmó que estas políticas derivaron en el agravamiento de patologías y en pérdidas humanas irreparables.
Hasta diciembre de 2025, se registraron 476 acciones de amparo judicial por falta de cobertura médica, muchas de ellas incumplidas, y al menos tres causas penales por “abandono de persona seguido de muerte”. Entre los casos mencionados figura el de José Alfredo Garavento, un trabajador rural con cáncer que falleció en febrero de 2025 tras la interrupción de su tratamiento.
En su fallo, Casanello sostuvo que la hipótesis que dio origen a la intervención resulta hoy “prácticamente nula” y concluyó que “no resulta necesario sostener el desplazamiento del directorio ni la intervención de la obra social”.
Tras la resolución, la Uatre ratificó su compromiso con la defensa de la libertad sindical, la transparencia en la gestión y la prioridad absoluta en la salud de los trabajadores rurales y estibadores. No obstante, advirtió que aún resta conocer en qué condiciones será devuelta la obra social y anticipó que la reconstrucción del sistema de prestaciones no será inmediata.