El Congreso argentino rechazó el DNU que quitaba la autarquía al INTA, al INTI, al INASE y al INV, lo que provocó su caída definitiva. Sin embargo, el Poder Ejecutivo avanzó con nuevos decretos, ajustes internos y cesantías en estos organismos. El conflicto ahora se centra en la legalidad de esas medidas y en la posibilidad de que el Gobierno judicialice el tema o intente nuevas reformas vía ley.
La disputa en torno al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sumó un nuevo capítulo luego de que la Cámara de Diputados y el Senado rechazaran el Decreto 462/2025, con el que el Poder Ejecutivo había eliminado la autarquía de organismos como el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Con esa decisión parlamentaria, el decreto perdió vigencia y quedó formalmente sin efecto.
Pese a ello, el Poder Ejecutivo avanzó con reestructuraciones internas y con una serie de despidos que afectan a estos organismos. En el caso del INTA, además de cesantías que alcanzan a personal técnico y administrativo, se denunció el cierre de agencias de extensión y la venta de tierras pertenecientes al organismo. En paralelo, el Decreto 571/2025 transfirió todas las funciones de la Dirección Nacional a la Presidencia del INTA, mientras que el Decreto 585/2025 formalizó cambios similares en el INTI, el INASE y el INV.
El oficialismo sostiene que esas reformas son parte de un proceso de “ordenamiento administrativo” que continuará más allá del rechazo legislativo. El jefe de Gabinete calificó la situación como “ilógica”, al remarcar que los decretos produjeron efectos concretos durante el período en que estuvieron vigentes gracias a las facultades delegadas que el Congreso había otorgado previamente al Ejecutivo.
A pesar del rechazo: ¿qué está haciendo el Gobierno?
Aún luego del rechazo parlamentario, el Ejecutivo avanzó con reestructuraciones internas:
-Decreto 571/2025 eliminó la Dirección Nacional del INTA y transfirió todas sus funciones a la Presidencia del organismo, reafirmando el control centralizado
-También se publicó el Decreto 585/2025, que formaliza la reducción o eliminación de estructuras y la pérdida de autarquía de instituciones como INTA, INTI, INASE e INV.
Existen además reportes de despidos masivos (hasta un 25 %) en el INTA, venta de tierras (unas 70.000 hectáreas) y cierre de agencias de extensión rural
Marco legal: ¿qué habilita o limita al Gobierno?
El Poder Ejecutivo contó con facultades delegadas por el Congreso (vigentes hasta apenas antes de julio), lo que le permitió emitir Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) como el 462/25 para realizar cambios estructurales en organismos del Estado sin intervención previa del Legislativo.
Una vez que el Congreso rechaza un DNU, y si ese rechazo se mantiene en ambas cámaras, el decreto pierde vigencia automáticamente. El Ejecutivo podría recurrir a la via judicial, pero mientras tanto, el Legislativo conserva la decisión final.
¿Qué puede hacer ahora?
Judicialización: El Gobierno ya adelantó que en caso de rechazo firme, podría recurrir a los tribunales para defender la constitucionalidad y validez de sus medidas.
-Reestructuración administrativa interna: Como lo hicieron con los Decretos 571/2025 y 585/2025, algunas medidas operativas ya están en marcha, incluso si el decreto fue rechazado.
-Nueva normativa o legislative previa: Podría intentar impulsar reformas a través de proyectos de ley en vez de decretos, lo cual requeriría consenso en el Congreso.
¿Cómo sigue la situación?
Paralelamente a la caída del DNU, el Gobierno ya implementó algunos cambios estructurales (centralización, despidos, cierre de espacios) que ya están en curso o en proceso.
El conflicto se mantiene: hay tensión entre el Poder Ejecutivo que insiste en sus reformas, y el Poder Legislativo y gremios que defienden la autonomía de organismos como INTA.
Escenario judicial: Es probable que el Ejecutivo apueste por la judicialización.
Volver al Legislativo: En un futuro podría intentar impulsar reformas estructurales mediante proyectos de ley, aunque el rechazo en Diputados y Senado muestra un contexto adverso. (fuente Noticias AgroPecuarias)