La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios de Buenos Aires recomendó declarar el estado de emergencia agropecuaria por sequía para 13 municipios bonaerenses, debido a los daños provocados por la falta de lluvias.
Fue en el marco de una reunión de la que participó el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, y en la que pidió la homologación de la emergencia para estos distritos, que ya habían sido declarados en esa situación por el Gobierno de Buenos Aires hace casi un mes.
Del mismo modo, la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria de Córdoba, determinó las zonas en las que los incendios ocurridos entre agosto y noviembre provocaron mayores daños, y que se pedirá al Ejecutivo que considere como zona de “desastre”.
Son 24 polígonos de 11 departamentos que conforman una superficie afectada de aproximadamente 35.000 hectáreas.
Buenos Aires
La resolución de la Comisión bonaerense comprende concretamente a los distritos de San Pedro, Rojas, Salto, Ramallo, Junín, Arrecifes, Alberti, Chascomús, Suipacha, Lobos, San Vicente, Magdalena y Dolores.
Los municipios del noreste bonaerense estaban implicados en las primeras 7 millones de hectáreas que estaban afectadas por la severa sequía. Ahora, esa superficie abarca más provincias y llega a las 23 millones.
Una vez que avance la recomendación de la Comisión, las producciones agropecuarios de esas localidades que hayan sido afectados por la reciente sequía podrán acogerse a los beneficios contemplados en la Ley N° 26.509, entre los que se incluyen la prórroga de los vencimientos de los pagos de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y de bienes personales.
De esta forma, aquellos productores que hayan visto afectado entre el 50% y el 79% de su producción o capacidad de producción serán considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y se les otorgará una prórroga del pago del impuesto Inmobiliario Rural.
En tanto, aquellos productores que hayan sufrido una afectación de entre 80% y 100% entrarán en la categoría de “Desastre Agropecuario” y serán eximidos del pago del impuesto rural, en proporción al porcentaje de afectación.
También hay diferentes líneas de financiamiento para mitigar el impacto de la emergencia climática.
El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense ofrece un Aporte no Reintegrable para la Agricultura Familiar ante eventos climáticos adversos que otorga montos de hasta $ 200.000.
Además, hay una línea de financiamiento ante eventos climáticos extremos con montos de hasta 1,5 millones de pesos y tasa del 35% para el reinicio del ciclo productivo, y otra de Financiamiento para Prevención y Mitigación de Emergencias.
Córdoba
En lo que respecta a Córdoba, la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria elevó al Poder Ejecutivo la propuesta para declarar zona de Desastre a las superficies afectadas por los incendios ocurridos durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.
El documento fue avalado por todos los integrantes de la comisión, encabezada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería provincial, y de la que forman parte la Bolsa de Cereales, legisladores provinciales, el INTA, el Senasa, y las entidades rurales.
En concreto, luego de una intensa tarea de relevamiento, que incluyó informes elaborados por las agencias zonales de la cartera productiva, datos aportados por técnicos de otras dependencias del Ministerio, por Bomberos, imágenes satelitales con un alto grado de definición y documentos de las entidades rurales, se determinó incluir 24 polígonos en 11 departamentos.
Puntualmente, de las regiones Punilla, San Alberto, Calamuchita, San Javier, Colón, Tulumba, Ischilín, Minas, Río Cuarto, Río Seco y Pocho. “Estas superficies ocupan un total aproximado de 35 mil hectáreas“, indicó el Gobierno cordobés.
El principal alcance del Desastre Agropecuario es la exención en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural; y una vez que desde Córdoba se presente en la cartera agropecuaria nacional la documentación, se homologará a ese nivel el estado de Desastre, ampliando los beneficios.
El periodo de vigencia para esta propuesta comprende desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre 2023, para los productores que se dedican a la ganadería, agricultura, forestal, frutihortícolas y apícolas. Para quienes no entren en estado de desastre, se les extenderá por la vía correspondiente el certificado de daños para presentar ante quien corresponda. (fuente Infocampo)